Las medidas de aislamiento físico y social impuestas por el Estado a raíz de la pandemia por el COVID-19, obligan a las mujeres, niños y niñas a permanecer en sus hogares muchas veces bajo el mismo techo que sus agresores, aumentando la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia doméstica y a los femicidios.

El riesgo se ve agravado, además, porque muchos operadores de justicia han limitado los servicios impidiendo o reduciendo al máximo el acceso a la justicia, y los servicios de las municipalidades orientados a la protección de las mujeres como las Oficinas Municipales de la Mujer, han sido igualmente restringidos.

En este contexto, el Programa de Seguridad Ciudadana Territorial de COSUDE adelantó una estrategia de incidencia a nivel municipal con la Vicealcaldesa de Choluteca, la Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer (OMM) y la Coordinadora del Centro Atención Integral a la Mujer (CAIM) con el objetivo de establecer una hoja de ruta para apoyar y garantizar la atención a las mujeres que requieren refugio y protección en el actual estado de emergencia.

De manera conjunta se identificaron las necesidades del CAIM buscando pudiese seguir operando en medio de la pandemia y el Programa realizó una entrega de insumos de protección tanto al personal del centro como para las mujeres que requieran los servicios, al igual que alimentación básica, insumos de aseo y una línea de comunicación clara con la Policía y el Ministerio Público, de manera conjunta con la Oficina Municipal de la Mujer de Choluteca.

En la última semana de abril, el CAIM está nuevamente en operaciones y actualmente se está brindando apoyo a una mujer sobreviviente de violencia doméstica junto con sus hijos, quienes ya están siendo albergados y apoyados en el CAIM y las autoridades de seguridad y justicia para garantizar su seguridad.

Junto con la apertura del CAIM, el Programa está llevando a cabo acciones para establecer una hoja de ruta clara para la atención de las mujeres sobrevivientes de violencia en la zona sur que involucre a todos los actores (Policía, Ministerio Público, Juzgado de Paz, DINAF, redes de mujeres, entre otros).

De igual manera se busca el desarrollo de una propuesta con las redes de mujeres existentes en la zona que garantice la difusión de información de los servicios habilitados, mensajes de prevención, la utilización de los servicios de justicia y protección, así como el acompañamiento de las mujeres violentadas y el monitoreo posterior de la respuesta.